El borrador de la Ley de Radiodifusión.
Publicado el 2008-04-24 07:54:32 CDT
Crítica de la Argentina presentó hoy el proyecto del titular del Comfer, Gabriel Mariotto, el cual pone el ojo en la concentración de licencias y hace peligrar la fusión de Multicanal y Cablevisión.
El gobierno nacional avanza con el anunciado plan para acotar el poder del Grupo Clarín. En el Comité Federal de Radiodifusión ya circula un borrador del proyecto de ley para regular el mercado de los medios audiovisuales que prevé la anulación de la fusión entre CableVisión y Multicanal –las dos proveedoras de servicio de TV cable que pertenecen a Clarín–, que fue oportunamente autorizada por el gobierno kirchnerista. Pero, al mismo tiempo, la iniciativa que evalúa el Ejecutivo supone un guiño a ese holding, ya que instaura un freno al anunciado desembarco del magnate mexicano Carlos Slim en el mercado de la TV por cable: el proyecto impide que más del 30% del capital que integra los medios locales sea propiedad de extranjeros, con lo cual mantiene en vigencia la Ley de Bienes Culturales, aprobada al comienzo del gobierno de Néstor Kichner y conocida como “Ley Clarín”.
Según una nota del periodista Damián Glanz publicada hoy en Crítica de la Argentina, el responsable de la comisión encargada de redactar la nueva norma es el interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, un hombre que, según funcionarios del gobierno nacional y algunos empresarios del sector, llegó a su cargo para comandar “la guerra contra el monopolio”.
Desde el retorno de la democracia en 1983 circularon sin suerte por el Parlamento un centenar de proyectos para reemplazar la Ley de Radiodifusión, que había decretado Jorge Rafael Videla en 1980. Al parecer, los tiempos cambiaron: Mariotto asegura que tiene el apoyo de Cristina Kirchner para aprobar el nuevo proyecto, que, según confirmaron fuentes cercanas a la Secretaría de Medios de la Nación, sería enviado al Congreso en el transcurso de las próximas tres semanas.
El punto más discutido de la ley y el que generará más polémica durante su tratamiento parlamentario es el referido a la concentración de las licencias. El borrador que está en manos de Mariotto establece que “una misma persona física o jurídica podrá ser titular o tener participación societaria en más de una licencia para prestar servicio de radiodifusión, con las siguientes restricciones: en ningún caso podrá acumular un total superior a las doce licencias de radiodifusión abierta en todo el país”.
De acuerdo con el texto al que accedió Crítica de la Argentina, los titulares de las licencias tampoco podrán:
• Poseer servicios de radio cuya audiencia total supere el 40% de la audiencia potencial nacional;
• Superar el 35% de la audiencia potencial nacional de sus servicios de televisión abierta;
• Exceder el 35% del total de los hogares abonados a los servicios de radiodifusión por suscripción.
Este último punto es el que más ansiedad genera en el mercado de la radiodifusión, ya que el proyecto obligaría a Multicanal a desprenderse de los activos de Cablevisión, una polémica fusión que autorizó Néstor Kichner tres días antes de dejar el poder, en diciembre pasado.
Ese oligopolio concentra cerca del 80% de los abonados del país. “Así está el proyecto por ahora. Hay que ver cómo llega al Congreso y, finalmente, cómo termina sancionado”, afirma uno de los técnicos que trabaja en la letra chica del texto.
El debate parlamentario no será un dato menor: en el bloque oficialista hay un número importante de legisladores que en 2003 votó la ley 25.750, de bienes culturales, que reclamó el Grupo Clarín para evitar que sus acreedores se quedaran con la parte mayoritaria de su capital accionario. Entre esos diputados que votaron la “Ley Clarín” se encuentra el pampeano Manuel Baladrón, el presidente de la Comisión de Comunicación e Informática, la repartición de la Cámara baja que deberá analizar el proyecto que enviará el Poder Ejecutivo.
Pero a pesar de las declaraciones públicas de guerra que emitió el Gobierno, no todas son malas noticias para Clarín. El documento que impulsa el Ejecutivo, además de pretender la desmonopolización del mercado de la TV por cable, limita el acceso de capitales extranjeros al mapa de las telecomunicaciones: se trata de una exigencia que el grupo viene haciéndole al Ejecutivo desde que Slim anunció sus intenciones de lanzar su propio servicio de TV, internet y telefonía en el país.
“Cuando el prestador del servicio de radiodifusión sea una persona jurídica, deberá tener un capital social de origen nacional con ajuste a la ley 25.750”, se puede leer en el proyecto.
El esquema también limita el poder territorial de los propietarios de medios. Si el proyecto se aprueba, cada grupo de medios podrá tener en cada localidad una licencia de TV por cable, una de radio AM, otra de FM y un canal de TV abierta.
Moyano quiere tener un canal de televisión propio
Hugo Moyano quiere tener su propio canal de TV “para poder expresar lo que algunos medios monopólicos distorsionan”. El secretario general de la CGT hizo esas declaraciones antes de participar en una reunión convocada por Cristina Fernández para debatir con los sindicalistas el proyecto de Ley de Radiodifusión que impulsa el Gobierno. La lucha de la Casa Rosada contra algunos medios de comunicación generó ayer que Moyano y el líder de la CTA, Hugo Yasky, compartieran la mesa y un mismo reclamo: un lugar para las organizaciones gremiales en la grilla de licencias de radio y TV que se establecerá con la sanción de la nueva norma. También ayer reapareció el secretario de Medios, Enrique Albistur, que se mostró a la cabeza de la iniciativa. “Acá hay que resolver si decide el Ejecutivo o deciden los monopolios, que evidentemente se han adjudicado un rol paralelo al de los gobiernos”, afirmó Moyano. La ronda de consultas seguirá el viernes con los empresarios.
¿Quién es el dueño?
Un sector del bloque de diputados del oficialismo presentará en los próximos días un proyecto de ley para obligar a los medios de comunicación a publicar los nombres de sus accionistas. La iniciativa pertenece a los legisladores del Movimiento Evita Juan Manuel Irrázabal, Emilio Pérsico, Adela Segarra, Juliana Di Tullio, Stella Maris Córdoba, Gustavo Marconatto, Patricia Vaca Narvaja, Hugo Perié y Adriana García. La semana pasada, este mismo grupo de diputados propuso una norma para restablecer algunos derechos laborales que los canillitas perdieron durante los 90.
En medio de la disputa que mantiene el Gobierno con los medios y en especial con el Grupo Clarín, los legisladores también buscan obligar a las empresas y a sus accionistas a difundir en qué sectores, por fuera de los medios, tienen intereses comerciales. “El lector tiene que saber quién es el que le habla”, sostuvo Di Tullio.
Fuente: Crítica de la Argentina
Remitido por René Figueroa (ACL-COLOMBIA)
renelocutor@gmail.com
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