El trabajo infantil en el nuevo Plan de
Desarrollo de Medellín, aciertos y vacíos
Ana Teresa Vélez Orrego
|
Escuela
Nacional Sindical
Por trabajo infantil se entiende
toda actividad, remunerada o no, realizada por niños y niñas menores de 18
años, que vulnere su desarrollo físico, moral y psicológico. O sea aquellos
trabajos que van en detrimento de la oportunidad de vivir su infancia y asistir
a la escuela, y que deterioren su salud o su moralidad, por tanto afectan las
capacidades individuales y sociales para el desarrollo humano.[1]
En Colombia es un problema alarmante.
En 2009 (último año del que
se tienen datos) el DANE registró una tasa de trabajo infantil de 9.2%. Aumentó
2.3 puntos con respecto al 2007, año en el que la tasa fue 6.9%. Esto
representa 1´050.147 de niños y niñas entre 5 y 17 años que trabajaban, además
de los 799.916 niños y niñas que se dedicaban a oficios del hogar más de 15
horas semanales.
En Medellín y su área metropolitana, el 6.3% de niños y niñas se
encontraba trabajando, esto es 43.160; el 1.4% buscaba trabajo y el 54% dedicó
tiempo a oficios del hogar. Al realizar la proyección, según la participación
de Medellín en el área metropolitana, podemos deducir que la ciudad tiene
aproximadamente 26 mil niños trabajadores.
Estas cifras muestran que las
respuestas dadas hasta ahora en materia de política pública de trabajo infantil
han sido insuficientes, siguen centrándose en una lógica de actuación
subsidiaria y focalizada. Las iniciativas de ingresos han hecho énfasis en
emprendimientos o microempresas que se tornan insostenibles y muchas veces
pueden ser generadoras de mayor trabajo infantil, porque los niños y niñas se
convierten en mano de obra trabajador familiar sin remuneración.
Los parámetros de actuación
frente al trabajo infantil de la Ley 1098 de infancia y adolescencia, la retoma
la Estrategia Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil 2008–2015, y obliga
a alcaldes y gobernadores a incluir dentro de sus planes de desarrollo programas
o proyectos dirigidos a la superación de esta problemática. La Procuraduría
General de la Nación es la encargada del control y tiene la potestad para
sancionar hasta con la destitución a quienes no lo hagan. De esta manera, los
planes de desarrollo se convierten en una herramienta básica para el
direccionamiento de la política pública, la asignación de responsabilidades y
presupuestos en materia de erradicación del trabajo infantil.
En el marco de la
conmemoración del Día Internacional del No Trabajo Infantil, resulta pertinente
analizar cómo se asume este compromiso en el nuevo Plan de Desarrollo de
Medellín, una ciudad donde es éticamente inaceptable que los casos de trabajo
infantil crezcan cada año, cuando cuenta con condiciones económicas y la
capacidad instalada para superar este problema, y los elementos de desigualdad
que lo generan. Solo se requiere voluntad política para remover estructuras y
un compromiso real con la infancia.
Aciertos y vacíos del Plan
El
Plan de desarrollo “Medellín un hogar para la vida” tuvo una gran participación
ciudadana, a través de los espacios de discusión por las líneas propuestas y con
el acompañamiento del Consejo de Planeación Territorial. Las organizaciones
participantes llegábamos a la conclusión de algunas dificultades y vacíos
importantes en materia de infancia en lo correspondiente al enfoque mismo del
plan, la relación con las otras líneas y la imprecisión de los programas.
El
plan se mueve entre el enfoque de derechos y la teoría de la gestión social del
riesgo, sin percatarse de que son mutuamente excluyentes y esa ambigüedad lo
recorre de principio a fin. Para en últimas, estar más cerca de los
tradicionales programas con enfoque de riesgo y grupos vulnerables que se
desligan de la perspectiva de derechos, en cuanto focalizan a los más pobres de
los pobres por vía del SISBEN y se abandona el carácter de progresividad para
alcanzar la universalidadde los
derechos, sin reconocer además las condiciones subyacentes a la situación de
pobreza y exclusión, como la concentración de la riqueza y la dominación, que en
este caso afectan directamente a la infancia y difícilmente se
superan con programas de corto plazo y focalizados en la población de mayor
riesgo.
El
indicador de Gini entre 0 y 1 (entre más cerca a 1 significa mayor desigualdad)
muestra la concentración de la riqueza y por tanto la desigualdad social. Para
el caso de Medellín este indicador es de 0.5, lo que muestra una situación
estructural que requiere de políticas de redistribución, de las cuales el plan
no da cuenta. Su objetivo es disminuir la inequidad pero las estrategias no
apuntan a remover los procesos de concentración de riqueza.
Además
la responsabilidad del sector privado se ve desdibujada en el plan en general
como uno de los actores con mayor responsabilidad en situaciones de
vulneración, sobre todo en la omisión en materia de la generación de trabajo
decente para los adultos, que se revierte en el aumento de trabajo infantil. Llama
la atención cómo los dueños de los servicios de salud y educación escapan a la
corresponsabilidad con la infancia, más allá de sus fundaciones y apoyos
solidarios que los benefician con reducción de impuestos y legitimidad social.
Se requiere que los empresarios sean parte activa y con responsabilidades
amplias y contundentes de un espacio colectivo construido como política
pública.
La
Línea 2: “Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno”, es la que enmarca
la mayoría de las condiciones socieconómicas causantes de trabajo infantil, por
tanto en ella uno de sus componentes aborda el tema, aunque de forma sumamente
limitada.
Su
diagnóstico parte de evidenciar las causas de la inequidad en la ciudad para
proponer acciones que superarla. Se abordan como temas de inequidad los
problemas de la educación en términos de cobertura, pertinencia, calidad,
articulación y reconocimiento del sujeto maestro; en alimentación, la
inseguridad alimentaria de población vulnerable, la falta de formación en
hábitos saludables de alimentación, la falta de estrategias de desarrollo de
capacidades en familias y poblaciones en riesgo, y las pocas acciones para la
inclusión social urbana–rural. En cuanto a la población infantil, la falta de
procesos de inclusión integral y diferencial de la primera infancia y
estrategias participativas de mejoramiento de la calidad de vida de la niñez, y
finalmente el déficit habitacional y de servicios públicos.
Se
esperaría que con la actuación en problemáticas mucho más amplias, como las
nombradas en la línea, se ataquen las raíces del problema del trabajo infantil.
Sin embargo existen vacíos en el abordaje de cada uno de estos elementos. Por
ejemplo, esta línea no hace énfasis en el tema de limitaciones de acceso al
mercado laboral de adultos y a las condiciones de trabajo precarias como
condicionante de la situación de los niños y niñas, especialmente de su
vinculación temprana al trabajo. Este tema es parte de la siguiente línea
denominada “Competitividad para el desarrollo económico con equidad”, donde se
nombra de manera reiterada el trabajo decente para la población, sin que quede
explícito cómo la administración municipal concibe el contenido de este
concepto, y se plantean alianzas estratégicas para la inserción laboral sin
claridades de la responsabilidad del empresariado en la generación de empleos y
de inversión más allá de la caridad.
El
componente 1: “Medellín Educada para la vida y la equidad” promete mucho en su
título, pero los programas se quedan cortos. En el programa educación para
todos y todas incluye a los niños y niñas trabajadores como población en riesgo
social para el acceso a la educación con “estrategias inclusivas, metodologías
flexibles, maestros formados para la atención en la diversidad, y profesionales
de apoyo idóneos”. También se plantean beneficios educativos para el acceso y
permanencia, tales como complemento nutricional, transporte escolar, tiquete
estudiantil, kit escolares, atención a factores de riesgo psicosocial y hábitos
de vida saludable.
Pero
el tema de gratuidad en educación como un indicador básico de accesibilidad
continúa pendiente en este plan de desarrollo. Si de manera contundente no se
remueven los obstáculos económicos de costos directos e indirectos de la educación,
no es posible que niños y niñas trabajadores o en riesgo de serlo puedan
acceder y permanecer en la educación, y que ésta sea el elemento articulador de
derechos.
Por
otro lado, las jornadas escolares complementarias, que son un elemento de
aceptabilidad en cuanto a calidad y pertinencia, es una estrategia básica en la
erradicación del trabajo infantil como posibilidad de utilización del tiempo
libre en actividades de interés, disminuyendo la valoración y expectativas en
las actividades productivas. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 le dio a
las cajas de compensación familiar una responsabilidad concreta en la
erradicación del trabajo infantil, a través de la oferta de actividades en
Jornada Escolar Complementaria. Sin embargo éstas no son mencionadas dentro del
plan de desarrollo.
El
componente 2: “Seguridad Alimentaria” es un tema de incidencia para atacar
causas de trabajo infantil. Los programas alimenticios tienen el reto de
conseguir que los niños y niñas no vayan al trabajo por razones de hambre en
sus hogares. Sin embargo, los indicadores de este componente no son para nada
ambiciosos. Si bien acabar con el hambre es una tarea difícil, esta
administración solo se pone como meta disminuir en un punto porcentual la
inseguridad alimentaria hoy en un 35.7%, a través de la continuación de lo que hasta
ahora se ha generado como estrategia, sumándole la creación de 8 comedores
comunitarios para personas mayores.
El
componente 3: “Bienestar e inclusión social para la familia”, presenta a
Medellín Solidaria como su programa bandera, sin que se evidencie cómo van a
mejorar los vacíos en la ejecución de este programa, tanto en su enfoque
paliativo por el débil desarrollo de las dimensiones que promueve, que posibilitarían
la creación de capacidades e independencia económica, o sea lo correspondiente
a ingresos, trabajo y habitabilidad.
En
el componente 4: “Medellín, ciudad de niños, niñas y adolescentes”, es donde se
espera encontrar los programas bandera para mejorar las condiciones de vida de
la infancia en la ciudad, y de esta manera prevenir y retirar a niños y niñas
del mundo laboral. En este componente se ubican dos programas. El primero es la
continuación de Buen Comienzo, dirigido a la primera infancia aunado a la
estrategia nacional “De Cero a siempre”. No queda clara la ampliación del programa
o mejoras frente a lo que hoy existe. El segundo programa: “Protección integral
a la infancia”, plantea acciones de promoción de derechos, de prevención y
restablecimiento pero finalmente no se comprende muy bien cuáles son los
lineamientos de actuación. Al parecer se construirá con los actores del Sistema
de Nacional de Bienestar Familiar.
En
conclusión, podemos decir que este plan de desarrollo tiene vacíos importantes
frente a la infancia, y más aún en la infancia trabajadora. Desde una mirada
optimista podríamos decir que es tan amplio que a través de un proceso de
participación ciudadana se pueden incluir mejoras a los programas existentes,
sobre todo en términos del enfoque, y creación de otros programas con gestión
de aportes públicos–privados.
Pero
en general nos encontramos ante un plan que es limitado frente a la dinámica de
concentración de riqueza en la ciudad. Mediante el ingreso ciudadano, el
trabajo decente, la seguridad alimentaria, gratuidad y pertinencia en la
educación, etc, es posible transformar
las relaciones sociales de dominación y posibilitar una ciudadanía emancipada y
no subsidiada, esto es, con acceso a derechos y no servicios o ayudas, donde
los niños y niñas tengan posibilidad de agenciar su presente y su futuro.
----------------------------------------------------------------
[1]Lo
anterior como acuerdo internacional, se sustenta en los convenios 138 y 182
ratificados por nuestro país ante la OIT. Además esta organización identifica
el trabajo infantil como un indicador de medición de trabajo decente. Por otra
parte, es una de las problemáticas de las que se debe proteger a la infancia,
según la Convención de Derechos del Niño y la legislación nacional (Ley 1098 de
infancia y adolescencia).
